Opinión - MANUEL GARCIA URRUTIA

La Ley del ISSSTE: la misma receta

Jornada Jalisco

Existen diversas razones para rechazar y ver con desconfianza –y sin esperanza– las modificaciones que se proponen a La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en particular en lo que se refiere al régimen de pensiones y jubilaciones.

En primer lugar está su falta de consenso no entre partidos políticos sino entre el gobierno y los trabajadores afectados. Ciertamente la mal llamada “reforma” –eso quiere decir que las modificaciones son innovadoras o para mejorar y ese no es el caso– implica una idea de país, un compromiso democrático que aún no baja el ámbito de lo social y a lo más que llega es a buscar su reconocimiento legal a través del mayoriteo de las fuerzas políticas hegemónicas representadas en el Congreso de la Unión –el PRIAN– y su legitimidad con el aval del caduco sistema corporativo, es decir de los organismos cúpula “representativos” de los burócratas, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) –donde destaca el protagonismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)–, una a cargo de Joel Ayala y la otra, lógicamente, de Elba Esther Gordillo.

En segundo lugar está la negociación por debajo de la mesa que consolida dichos liderazgos sindicales corruptos, clientelares y plegados a los intereses gubernamentales, tanto el de Joel Ayala como el de Elba Esther Gordillo, peleados entre sí pero aliados en esta coyuntura, con el fin de no perder interlocución frente al gobierno federal, a la vez que, con su aval, sacan ventajas para su causa. Para ellos, como dirigentes pragmáticos –y de convicciones volubles–, es mejor llevar agua a su molino que oponerse; es preferible tratar de sacar beneficios que fortalezcan sus intereses particulares que luchar contra una contrarreforma que perjudicará a las bases que dicen representar. Por lo pronto, las centrales sindicales charras podrán tener acceso al control de los recursos que generará la nueva estructura –la “Afore” pública– que se creará, ex profeso, para manejar los ahorros de los trabajadores al servicio del Estado –aunque la intención y la tendencia sea favorecer la “libertad” para que cada trabajador elija después a la Afore de su preferencia–.

Tercero, porque sigue la misma lógica y reproduce el modelo de retiro propuesto en la iniciativa de ley la fórmula que ya se practica a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que ha demostrado que no resuelve de fondo la dignificación del trabajo ni la posibilidad de contar con jubilaciones y pensiones justas y dignas.

El sistema de fondos de ahorro para el retiro, hay que recordarlo, fue diseñado pensado en el rescate financiero de los bancos y no en la gente ni en el interés de garantizar que se pueda vivir, al jubilarse, de los dineros que se hayan recabado al retirarse; más bien, la idea es individualizar no sólo las cuentas sino la responsabilidad de financiarse, a lo largo del “ahorro” obligado acumulado durante la trayectoria laboral, los efectos de la ancianidad y los padecimientos propios de la vida “productiva”.

Cuarto, porque el discurso de los apologistas de la iniciativa, en particular de los funcionarios al frente del ISSSTE –en especial Miguel Angel Yunes, personaje oscuro de la política mexicana y alfil de Elba Esther Gordillo–, es tan mentiroso, que por experiencias pasadas y el abandono que ha caracterizado al Estado, en los últimos años, en materia de servicios de salud, no puede esperarse que después de la aprobación de la ley, los servicios del Instituto vayan a mejorarse de manera sustantiva. Al igual que como se plantea en el ISSSTE, después de los cambios al sistema de pensiones y jubilaciones del IMSS, el gobierno aportó una cantidad millonaria de recursos con los que se nos dijo, en cadena nacional –recuérdese a Salinas de Gortari hablando para la televisión y la radio–, que el futuro de la institución y la salud de los trabajadores mexicanos y sus familias, estaban garantizadas. Años después, menos de tres, la crisis en el IMSS, ya privatizados los fondos para el retiro, volvió para quedarse.

Y quinto, no sólo no son confiables los promotores entusiastas de los cambios a la ley –incluyendo a las secretarías de Hacienda, de Gobernación y hasta de Comunicaciones y Transportes–, por su trayectoria política oportunista y afín a la ideología neoliberal, sino que además está claro su papel como correas de transmisión de una receta que se viene cocinando desde hace años por parte de organismos financieros internacionales ajenos a la realidad nacional.

Sin embargo, déjeme aclarar algo y matizar esta reflexión. Sí es necesario cambiar la ley general del ISSSTE y sí se requiere modificar el régimen de pensiones y jubilaciones, adecuándolo a las nuevas expectativas de vida de los mexicanos, pero sin mermar actividades sustantivas de la institución –sin privatizar funciones– y sin perder su naturaleza tripartita en el origen de sus aportaciones, es decir del gobierno como patrón, del Estado, como garante del bienestar colectivo, y de los propios trabajadores; sin afectar su carácter público y solidario, manejado con transparencia y bajo la vigilancia y evaluación constante de los usuarios, del cumplimiento de sus fines, planes y de su desempeño, con el propósito de poner el acento en jubilaciones justas y dignas y en servicios médicos de calidad para los trabajadores al servicio del Estado.

La iniciativa de ley busca, como la del IMSS, de manera engañosa, obtener del gobierno federal, una vez transferidas las pensiones y jubilaciones de los burócratas a un nuevo organismo –Pensión ISSSTE–, alrededor de 8 mil millones de pesos para mejorar su infraestructura y servicio. Pretende dar injerencia a las centrales en el manejo del nuevo organismo para administrar las pensiones y jubilaciones. Aumenta la edad, a 65 años, como requisito para poderse retirar del servicio público y aplicando, a cabalidad para las contrataciones nuevas, las reglas que se aprueben en la ley al respecto. Asimismo, el ISSSTE podrá subcontratar o subrogar a particulares actividades que la administración considere como no sustantivas, entre varias otras medidas que la ley contempla. La propuesta de ley viene del Partido Revolucionario Institucional, la apoya el Partido Acción Nacional y sus satélites, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.

En el caso del IMSS convendría recordar que a pesar de la cantidad que el gobierno le dio a la institución, más de 20 mil millones de pesos, para resolver sus problemas financieros, después de aprobadas las Afores, no fue suficiente para su mantenimiento y menos para mejorar su servicio, dado el crecimiento de la demanda y a que lo que se recaba por cuotas impositivas no alcanza para solventar su operación. De ahí, precisamente, que los fondos que manejaba, destinados para las jubilaciones –antes del Sistema para el Ahorro y el Retiro (SAR)–, se desviaran a esas tareas para resolver sus carencias. Eso pasará ahora con el ISSSTE en cierto tiempo.

En suma, la transformación integral del sistema de seguridad social y de las pensiones y jubilaciones pasa por una discusión más incluyente y compleja del marco neoliberal y tecnocrático del que hoy se inscribe esta problemática. Tiene que ver con una visión nacionalista –aún y con más razón por su conexión global, a fin de recuperar las mejores experiencias del mundo en la materia–, con la reforma fiscal integral, la recuperación salarial y el estímulo a empleos estables y dignos en el sector público –principal promotor de la eventualidad y la evasión de impuestos–. Y, desgraciadamente, eso no está en la visión corta, eficientista (gerencial) y servil de nuestros gobernantes.